En diciembre de 2024, un proyecto de ley fue presentado ante el Congreso Nacional que propone sanciones más severas para delitos relacionados con la transferencia ilícita de propiedades, invasiones de terrenos y fraudes inmobiliarios. La iniciativa contempla penas de hasta 12 años de prisión y multas de hasta 500 salarios mínimos para quienes participen en estas actividades delictivas.
El proyecto también introduce la figura del «autor mediato«, responsabilizando a quienes financien o dirijan estas operaciones ilegales. Además, establece agravantes cuando las víctimas sean personas vulnerables o cuando los delitos sean cometidos por funcionarios públicos, militares o policías. Esta propuesta legislativa busca fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito inmobiliario y proteger los derechos de propiedad frente a prácticas fraudulentas y ocupaciones ilegales.